Canarias y Baleares contra el Control Estatal del Alquiler Turístico

En los archipiélagos españoles, el sol y la playa ya no son los únicos protagonistas de la actualidad. Una tormenta política de gran calado se cierne sobre el Atlántico y el Mediterráneo. Canarias y Baleares, los dos grandes motores turísticos de España, han alzado la voz —y los recursos legales— contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El motivo: la implementación del Registro Único de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y la Ventanilla Única Digital, una medida que el Ejecutivo central defiende como la solución a la crisis de vivienda, pero que las islas denuncian como una “invasión de competencias” sin precedentes.

El origen del conflicto: El Real Decreto y la Ventanilla Única

El detonante de esta crisis institucional fue la aprobación del Real Decreto 1312/2024, que sentó las bases para un registro centralizado de todos los arrendamientos de corta duración en España. El objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez, es claro: crear un número de registro único nacional que las plataformas como Airbnb, Booking o Expedia deben exigir obligatoriamente a los anfitriones antes de publicar cualquier anuncio.

Para el Gobierno de Sánchez, esta medida es una herramienta de “higiene democrática” y control fiscal. Según los datos oficiales, la proliferación descontrolada de pisos turísticos ha sido un factor determinante en la expulsión de residentes locales de los centros urbanos y en el encarecimiento del alquiler convencional. El propio presidente ha llegado a anunciar la retirada de decenas de miles de plazas ilegales gracias al cruce de datos que permite este sistema.

El frente canario: Una batalla por la soberanía turística

Sin embargo, en Canarias, la percepción es radicalmente opuesta. El Gobierno regional ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la normativa estatal. Su argumento principal es que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias otorgan la competencia exclusiva en materia de turismo a la comunidad autónoma.

“No es solo una cuestión de burocracia, es una cuestión de quién manda en nuestro territorio”, afirman fuentes cercanas al ejecutivo insular. Canarias ya cuenta con su propia normativa y sus propios registros. Para el archipiélago, el hecho de que el Estado imponga una “doble validación” a través del Registro de la Propiedad —paso previo necesario para obtener el número de registro nacional— no solo duplica la carga administrativa para los propietarios, sino que subestima la capacidad de gestión de las instituciones canarias.

Además, el conflicto se agrava con la tramitación de la propia Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de Canarias, una norma ambiciosa con la que las islas pretenden equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica. Para el gobierno autonómico, la irrupción del Real Decreto estatal desvirtúa su hoja de ruta y genera una inseguridad jurídica que asusta a los pequeños inversores.

Baleares: El blindaje de las plazas y la crítica al “centralismo”

En el archipiélago balear, la situación es igualmente tensa. El Govern, liderado por Marga Prohens, ha sido muy crítico con lo que consideran un “intervencionismo asfixiante” por parte de Madrid. Baleares ha sido pionera en España en limitar la oferta turística y en perseguir la oferta ilegal con sanciones millonarias. Sin embargo, defienden que estas políticas deben emanar de las necesidades locales, que varían drásticamente entre Ibiza, Mallorca o Formentera.

La rebelión balear se centra en la “ineficacia” del modelo estatal. Argumentan que la obligación de pasar por el Registro de la Propiedad para validar cada piso turístico añade un coste económico y de tiempo que no garantiza una mejor fiscalización que la que ya realizan los inspectores del Consell Insular. La consigna en las islas es clara: “coordinación sí, pero subordinación no”.

El “Varapalo” de Bruselas: ¿Un aliado inesperado para las CCAA?

En este escenario de confrontación, ha aparecido un actor inesperado: la Comisión Europea. Recientemente, Bruselas ha calificado de “inadmisible” el sistema de doble registro impuesto por España. La Unión Europea, que aprobó el Reglamento (UE) 2024/1028 sobre la recopilación y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, aboga por la simplificación y la digitalización.

La Comisión ha dado un ultimátum a España hasta el 20 de mayo de 2026 para corregir estas duplicidades administrativas. Este pronunciamiento refuerza la postura de Canarias y Baleares, que ven en la posición europea una validación de sus quejas: el Estado está creando una barrera burocrática excesiva que contraviene el espíritu de la ventanilla única europea.

Impacto en el sector: Caída de la oferta y caos administrativo

Mientras los políticos se enfrentan en los despachos y tribunales, la realidad en la calle muestra signos de agotamiento. Según datos recientes del INE, el número de pisos turísticos en España ha caído un 12,4% en el último año, con la salida de casi 47.000 inmuebles del mercado. En regiones con alta presión como Canarias (que concentra cerca de 50.000 viviendas vacacionales) y Baleares, el impacto es notable.

Los propietarios denuncian encontrarse en un “limbo”. Muchos han visto cómo sus anuncios eran retirados de las plataformas por no contar aún con el número de registro estatal, a pesar de tener su licencia autonómica en regla. Este caos administrativo no solo afecta a los ingresos de miles de familias, sino que también genera dudas en los turistas internacionales que buscan seguridad jurídica al reservar sus vacaciones.

Conclusión: Un futuro incierto

El choque de trenes entre el Gobierno de Sánchez y las potencias turísticas insulares parece lejos de resolverse mediante el diálogo. Con la fecha límite de mayo de 2026 impuesta por Bruselas en el horizonte, España se encuentra en una encrucijada: o bien el Estado cede y permite que las CCAA mantengan el control total de sus registros bajo un modelo de interoperabilidad, o bien el conflicto escalará hasta el Tribunal Constitucional, dejando al sector turístico en vilo durante años.

Por ahora, Canarias y Baleares se mantienen firmes en su rebelión, defendiendo que el turismo es su competencia y que la vivienda no se soluciona con “registros duplicados”, sino con políticas integrales que respeten la autonomía de cada territorio.

Fuentes utilizadas:

• Preferente.com: “Canarias y Baleares se rebelan contra Sánchez por el registro de alquiler turístico” (Febrero 2026).

• Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: Notas de prensa sobre el Real Decreto 1312/2024 y la Ventanilla Única Digital.

• Net2rent: Guía sobre la normativa de alquiler vacacional en España 2026 y el fallo de Bruselas.

• Cadena SER: Reportaje sobre la caída de 47.000 pisos turísticos en España (Febrero 2026).

• Turismo y Derecho: Análisis sobre la impugnación de Canarias al Registro Único de Viviendas Turísticas.

• Gómez-Acebo & Pombo: Dictamen sobre la falta de competencia del Estado en el registro de alquileres de corta duración.

• ElDiario.es: Seguimiento de la política turística en Baleares y la gestión de licencias.

• RTVE.es: Declaraciones del Gobierno sobre la retirada de viviendas de uso turístico para el mercado residencial.