Esta suspensión preventiva de licencias impide que mientras el Ayuntamiento elabora y aprueba la ordenanza y el plan urbanístico que regule esta actividad, para lo que tiene un plazo de dos años, nadie pueda presentar una declaración responsable de actividad y el juez le dé la razón.
La teniente de alcaldía ha denunciado que el decreto del gobierno catalán que legaliza el alquiler de habitaciones turísticas se ha hecho “al dictado de plataformas digitales, al dictado de Airbnb, sin tener en cuenta los riesgos” que las actividades que se incorporan tienen para la ciudad y para la garantía del derecho a la vivienda.
Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, “se suspenden durante un año el otorgamiento de licencias de habitaciones de uso turístico en viviendas, los permisos para obras para hacer viviendas compartidas y otras autorizaciones”.
“La moratoria responde a la necesidad de elaborar, en los próximos doce meses, una nueva normativa municipal que regule la nueva modalidad del alquiler de habitaciones de uso turístico en viviendas, prevista en el Decreto de turismo, aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el 4 de agosto”.